Comunicado de la Federación del Metal Valenciana (Femeval), sobre la situacion del metal
Ante la grave situación por la que está atravesando la economía mundial, con efectos negativos sobre el precio de las materias primas, el consumo, la productividad, el paro y, en su conjunto, sobre la competitividad y supervivencia de las empresas, y en particular, sobre el sector metalmecánico de la Comunidad Valenciana, la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL) destaca la necesidad de adoptar medidas que, a su juicio, amortigüen a medio plazo el impacto de esta crisis.
Un sector tan diversificado como el Metal, que agrupa a cerca de 50 actividades subsectoriales de la industria, comercio y servicios en la Comunidad Valenciana y que por tradición ha sido capaz de mantener el pulso económico y de generar riqueza y empleo, se está viendo afectado por un panorama que calificamos de inquietante porque:
- El desplome inmobiliario está haciendo mella sobre nuestras empresas, dados los estrechos vínculos existentes entre ambas actividades económicas. Hay que tener en cuenta que muchas empresas metalmecánicas de servicios, dependen del sector de la construcción para su supervivencia.
- Los efectos de las fuertes subidas de las materias primas industriales, cercanas al 100%, están afectando a la capacidad competitiva del sector frente a otros mercados como China y la India .
- El descenso de la producción de vehículos, provocado por la fuerte caída de ventas, está afectando gravemente a la industria auxiliar de la automoción, a los concesionarios y talleres de reparación de automóviles, con preocupantes niveles de destrucción de empleo.
- La debilidad de la demanda y el incremento de la morosidad, los impagos y el intrusismo está repercutiendo sobre las cuentas de resultados de las empresas metalmecánicas que se están encontrando con márgenes de maniobra cada vez más reducidos.
- A esto hay que añadir el escaso respaldo financiero para hacer frente a la pérdida de liquidez, debido a las restricciones que las entidades financieras están dando a la obtención de créditos.
- Las mínimas reformas estructurales de los últimos años están contribuyendo a debilitar más nuestra posición competitiva y a potenciar los efectos negativos de este escenario.
Las medidas adoptadas hasta la fecha por el Gobierno -una mínima reducción de impuestos, la posibilidad de aumentar los plazos hipotecarios, la aceleración de las devoluciones de impuestos, el aval público a determinada actividades, la recalificación profesional de los desempleados de la construcción y el regreso de los inmigrantes en paro a sus países de origen, entre otras- sólo pueden tener un efecto limitado contra la crisis, y algunas de ellas, lejos de resolver problemas, podrían agravarlos o retrasar su solución.
Ante este contexto, desde FEMEVAL consideramos que es imprescindible cambiar el actual modelo de crecimiento, asentado en sectores de menor tecnología y formación y en un mayor componente especulativo. Las soluciones, por tanto, deben apuntar hacia un cambio de modelo basado en la eficiencia de las empresas, la cualificación del personal, la mejora de la capacidad de ahorro, la inversión en innovación, el sostenimiento de la inversión en infraestructuras y el fomento de la iniciativa empresarial.
Pero sobre todo un cambio de modelo donde prime un mayor reconocimiento de la actividad de sectores innovadores como motor económico de la Comunidad Valenciana.
Para ello, reclamamos medidas procedentes de la Administración que debe ser la encargada de generar un clima favorable de confianza que favorezca las inversiones y el crecimiento empresarial, además de asumir retos como el control de la inflación, el aumento de la competitividad o el refuerzo de la I+D+i.
Consideramos, a su vez, urgente consensuar y aplicar soluciones, eficaces y permanentes que mejoren la productividad y la competitividad del sector del metal como:
Mayor esfuerzo en investigación y desarrollo, más innovación en productos y procesos, calidad y formación, mediante una legislación, y un sistema fiscal que fomente estas inversiones productivas.
Mantenimiento del esfuerzo inversor en infraestructuras que la práctica desaparición de los Fondos Estructurales y de Cohesión que recibe España va hacer más complejo en los próximos años y que deberían favorecer fuentes de financiación con participación privada.
Una apuesta más decidida de las instituciones financieras por proyectos de futuro, contando con el apoyo de la Administración para abrir o ampliar líneas de financiación destinadas a la actividad empresarial.
Reformas que permitan mejorar las relaciones laborales y la flexibilidad en lo relativo a la contratación y movilidad funcional y geográfica, lo que si bien no asegura el mantenimiento de los niveles de empleo actuales, si favorecerá la rápida recuperación de la contratación cuando se produzcan las primeras expectativas de cambio de tendencia.
Reducción de la fiscalidad excesiva que, especialmente en el ámbito de la Seguridad Social, recae actualmente sobre las empresas perjudicando su competitividad.
Modernización de la estructura de la negociación colectiva.
Apuesta por el aumento de la cualificación profesional, la formación continua y la readaptación profesional.
Limitación de la enorme dispersión de normativas medioambientales -europeas, nacionales, autonómicas y locales- que perjudica decisivamente la actividad económica, en muchos casos tampoco favorece la protección ambiental y siempre deteriora la competitividad de nuestros productos y servicios.
Preservación de la unidad de mercado que el diseño y la estructura del Estado están dificultando, produciendo descoordinación entre las distintas administraciones y excesiva regulación administrativa, de las que se derivan costes e inseguridad jurídica, en ocasiones acrecentando los costes de transacción o complicando la leal competencia de la empresas y, siempre, perjudicando su competitividad y la del conjunto del sistema.
Definición de nuestro futuro energético para que la producción de energía deje ser fuente de incertidumbres de abastecimiento y de mayores costes para las empresas, que están limitando la capacidad de crecimiento de la actividad y la competitividad.
Todo lo anteriormente es importante, sin embargo, con carácter prioritario destacamos:
1º La Competitividad de las Administraciones Públicas:
- La Administración pública participa en el 50% de la creación del PIB estatal, por tanto, es absolutamente necesario que sea competitiva
- Debe desregularizarse todo aquello que no sea estrictamente necesario para el desarrollo de la actividad económica
- Se deben agilizar todas las tramitaciones y relaciones entre la Administración y los ciudadanos y las empresas.
2º La Morosidad:
- Es necesario modificar la actual ley para garantizar unos plazos de pago máximos razonables y realmente vinculantes.
- Creación de tribunales de comercio específicos bajo jurisdicción mercantil, para resolver los contenciosos de impago entre empresas.
- Generación de una adecuada "moral" de pago entre las empresas, debiendo ser la Administración Pública la primera en satisfacer sus pagos a los proveedores en tiempo y forma.
- Sería conveniente que las empresas no caigan en la tentación de utilizar el concurso de acreedores como fuente de financiación alternativa de sus proveedores.
3º Financiación:
- Es imprescindible inyectar liquidez a las empresas, para ello las Administraciones Públicas deben adoptar las medidas necesarias con las Cajas y Entidades Financieras.
- Es necesario hacer más accesible la financiación a las pequeñas y medianas empresas de modo que puedan afrontar proyectos de inversión en I+D+i, calidad, cooperación o salida a nuevos mercados.
- Las condiciones de financiación no sólo deben estar basadas en criterios de rentabilidad económica, sino también social, atendiendo a las peculiaridades del sector de actividad.
4º Relaciones Laborales:
- La Administración Pública debe legislar al respecto, con independencia de que se llegue o no a acuerdos globales en la mesa con los agentes sociales. La Administración no debe hacer traslación de su responsabilidad, debe legislar aún sin acuerdo y dada la situación económica actual, se le reclama una especial sensibilidad en aras a conseguir una mayor flexibilidad en las empresas que permita adecuar su mano de obra a las necesidades productivas en cada momento.
- Es necesario que temas como la movilidad funcional, la geográfica, las bolsas de trabajo, la distribución irregular de la jornada etc, encuentren la adecuada regulación. Así mismo solicitamos a la Administración Pública una especial sensibilidad y agilidad en la tramitación de los ERE que presentan las empresas, con el objetivo de apoyarles a superar la situación de crisis en que los mismos se fundamentan.
- Negociación Colectiva: Consideramos estrictamente necesario abandonar formulas tradicionales de negociación salarial, que incrementan los costes de las empresas sin contribuir a mejorar su competitividad.
Valencia, 29 de septiembre de 2008
Un sector tan diversificado como el Metal, que agrupa a cerca de 50 actividades subsectoriales de la industria, comercio y servicios en la Comunidad Valenciana y que por tradición ha sido capaz de mantener el pulso económico y de generar riqueza y empleo, se está viendo afectado por un panorama que calificamos de inquietante porque:
- El desplome inmobiliario está haciendo mella sobre nuestras empresas, dados los estrechos vínculos existentes entre ambas actividades económicas. Hay que tener en cuenta que muchas empresas metalmecánicas de servicios, dependen del sector de la construcción para su supervivencia.
- Los efectos de las fuertes subidas de las materias primas industriales, cercanas al 100%, están afectando a la capacidad competitiva del sector frente a otros mercados como China y la India .
- El descenso de la producción de vehículos, provocado por la fuerte caída de ventas, está afectando gravemente a la industria auxiliar de la automoción, a los concesionarios y talleres de reparación de automóviles, con preocupantes niveles de destrucción de empleo.
- La debilidad de la demanda y el incremento de la morosidad, los impagos y el intrusismo está repercutiendo sobre las cuentas de resultados de las empresas metalmecánicas que se están encontrando con márgenes de maniobra cada vez más reducidos.
- A esto hay que añadir el escaso respaldo financiero para hacer frente a la pérdida de liquidez, debido a las restricciones que las entidades financieras están dando a la obtención de créditos.
- Las mínimas reformas estructurales de los últimos años están contribuyendo a debilitar más nuestra posición competitiva y a potenciar los efectos negativos de este escenario.
Las medidas adoptadas hasta la fecha por el Gobierno -una mínima reducción de impuestos, la posibilidad de aumentar los plazos hipotecarios, la aceleración de las devoluciones de impuestos, el aval público a determinada actividades, la recalificación profesional de los desempleados de la construcción y el regreso de los inmigrantes en paro a sus países de origen, entre otras- sólo pueden tener un efecto limitado contra la crisis, y algunas de ellas, lejos de resolver problemas, podrían agravarlos o retrasar su solución.
Ante este contexto, desde FEMEVAL consideramos que es imprescindible cambiar el actual modelo de crecimiento, asentado en sectores de menor tecnología y formación y en un mayor componente especulativo. Las soluciones, por tanto, deben apuntar hacia un cambio de modelo basado en la eficiencia de las empresas, la cualificación del personal, la mejora de la capacidad de ahorro, la inversión en innovación, el sostenimiento de la inversión en infraestructuras y el fomento de la iniciativa empresarial.
Pero sobre todo un cambio de modelo donde prime un mayor reconocimiento de la actividad de sectores innovadores como motor económico de la Comunidad Valenciana.
Para ello, reclamamos medidas procedentes de la Administración que debe ser la encargada de generar un clima favorable de confianza que favorezca las inversiones y el crecimiento empresarial, además de asumir retos como el control de la inflación, el aumento de la competitividad o el refuerzo de la I+D+i.
Consideramos, a su vez, urgente consensuar y aplicar soluciones, eficaces y permanentes que mejoren la productividad y la competitividad del sector del metal como:
Mayor esfuerzo en investigación y desarrollo, más innovación en productos y procesos, calidad y formación, mediante una legislación, y un sistema fiscal que fomente estas inversiones productivas.
Mantenimiento del esfuerzo inversor en infraestructuras que la práctica desaparición de los Fondos Estructurales y de Cohesión que recibe España va hacer más complejo en los próximos años y que deberían favorecer fuentes de financiación con participación privada.
Una apuesta más decidida de las instituciones financieras por proyectos de futuro, contando con el apoyo de la Administración para abrir o ampliar líneas de financiación destinadas a la actividad empresarial.
Reformas que permitan mejorar las relaciones laborales y la flexibilidad en lo relativo a la contratación y movilidad funcional y geográfica, lo que si bien no asegura el mantenimiento de los niveles de empleo actuales, si favorecerá la rápida recuperación de la contratación cuando se produzcan las primeras expectativas de cambio de tendencia.
Reducción de la fiscalidad excesiva que, especialmente en el ámbito de la Seguridad Social, recae actualmente sobre las empresas perjudicando su competitividad.
Modernización de la estructura de la negociación colectiva.
Apuesta por el aumento de la cualificación profesional, la formación continua y la readaptación profesional.
Limitación de la enorme dispersión de normativas medioambientales -europeas, nacionales, autonómicas y locales- que perjudica decisivamente la actividad económica, en muchos casos tampoco favorece la protección ambiental y siempre deteriora la competitividad de nuestros productos y servicios.
Preservación de la unidad de mercado que el diseño y la estructura del Estado están dificultando, produciendo descoordinación entre las distintas administraciones y excesiva regulación administrativa, de las que se derivan costes e inseguridad jurídica, en ocasiones acrecentando los costes de transacción o complicando la leal competencia de la empresas y, siempre, perjudicando su competitividad y la del conjunto del sistema.
Definición de nuestro futuro energético para que la producción de energía deje ser fuente de incertidumbres de abastecimiento y de mayores costes para las empresas, que están limitando la capacidad de crecimiento de la actividad y la competitividad.
Todo lo anteriormente es importante, sin embargo, con carácter prioritario destacamos:
1º La Competitividad de las Administraciones Públicas:
- La Administración pública participa en el 50% de la creación del PIB estatal, por tanto, es absolutamente necesario que sea competitiva
- Debe desregularizarse todo aquello que no sea estrictamente necesario para el desarrollo de la actividad económica
- Se deben agilizar todas las tramitaciones y relaciones entre la Administración y los ciudadanos y las empresas.
2º La Morosidad:
- Es necesario modificar la actual ley para garantizar unos plazos de pago máximos razonables y realmente vinculantes.
- Creación de tribunales de comercio específicos bajo jurisdicción mercantil, para resolver los contenciosos de impago entre empresas.
- Generación de una adecuada "moral" de pago entre las empresas, debiendo ser la Administración Pública la primera en satisfacer sus pagos a los proveedores en tiempo y forma.
- Sería conveniente que las empresas no caigan en la tentación de utilizar el concurso de acreedores como fuente de financiación alternativa de sus proveedores.
3º Financiación:
- Es imprescindible inyectar liquidez a las empresas, para ello las Administraciones Públicas deben adoptar las medidas necesarias con las Cajas y Entidades Financieras.
- Es necesario hacer más accesible la financiación a las pequeñas y medianas empresas de modo que puedan afrontar proyectos de inversión en I+D+i, calidad, cooperación o salida a nuevos mercados.
- Las condiciones de financiación no sólo deben estar basadas en criterios de rentabilidad económica, sino también social, atendiendo a las peculiaridades del sector de actividad.
4º Relaciones Laborales:
- La Administración Pública debe legislar al respecto, con independencia de que se llegue o no a acuerdos globales en la mesa con los agentes sociales. La Administración no debe hacer traslación de su responsabilidad, debe legislar aún sin acuerdo y dada la situación económica actual, se le reclama una especial sensibilidad en aras a conseguir una mayor flexibilidad en las empresas que permita adecuar su mano de obra a las necesidades productivas en cada momento.
- Es necesario que temas como la movilidad funcional, la geográfica, las bolsas de trabajo, la distribución irregular de la jornada etc, encuentren la adecuada regulación. Así mismo solicitamos a la Administración Pública una especial sensibilidad y agilidad en la tramitación de los ERE que presentan las empresas, con el objetivo de apoyarles a superar la situación de crisis en que los mismos se fundamentan.
- Negociación Colectiva: Consideramos estrictamente necesario abandonar formulas tradicionales de negociación salarial, que incrementan los costes de las empresas sin contribuir a mejorar su competitividad.
Valencia, 29 de septiembre de 2008
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